#55 - Libertad cognitiva, derechos humanos y la guerra contra las drogas.
La necesidad de un enfoque diferente sobre las sustancias y la libertad necesaria para transformarnos.
El 24 de abril de 1978, arribó al país un cargamento de 200 kilos de cocaína de máxima pureza. Este hecho histórico permite afirmar que, en el marco de la última dictadura cívico-militar empezó el narcotráfico institucionalizado en la Argentina.
La carga llegó al puerto de Rosario bajo la definición de “azúcar” en la documentación formal. En plena dictadura militar, el hecho no fue una cuestión casual, más bien, se trata de un acontecimiento clave para entender la historia del comercio de estupefacientes a gran escala en el país.
El producto venía de Bolivia y fue parte de una suerte de “acuerdo bilateral” entre las dictaduras que gobernaban ambos países: de este lado de la frontera estaba Jorge Rafael Videla, mientras que en el altiplano ejercía el poder Hugo Banzer. Por ese entonces, además, Leopoldo Galtieri se desempeñaba como comandante del ejército en Rosario.
Los estupefacientes llegaron a la terminal portuaria en el buque “Libertador Simón Bolívar”. El recorrido era a través de la Ruta Nacional 34, que antes de desembocar en la Circunvalación de Rosario, recorría Salta, una parte de Bolivia, luego Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Con la misma impunidad con la que los militares cometían los crímenes de lesa humanidad, también fueron a recibir el cargamento de cocaína. De hecho, el propio jefe de la Armada, Emilio Massera, fue el encargado de dirigirse el 25 de abril al Puerto de Rosario, tras la llegada del buque proveniente de Bolivia. Junto a él también estuvieron Galtieri y el vicealmirante Gutemberg Barroso Hurtado.
En el marco de la recepción, se leyó un mensaje que el dictador boliviano envió al respecto del evento: “es el primer barco boliviano que surca el océano, llevando en el corazón de sus tripulantes la esperanza de un pueblo que, a pesar de todas las adversidades, jamás renunciará al derecho de volver soberanamente al Pacífico”, dijo Banzer Suárez en ese entonces.
Las investigaciones en torno al tema forman parte del extenso trabajo de indagación que lleva adelante el periodista y diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos del Frade. Sus trabajos dan cuenta de los orígenes del narcotráfico en suelo argentino y sus vínculos con la policía, la política y la justicia. El artículo original fue publicado en Noticias Argentinas y modificado para este post.
La guerra contra las drogas.
El llamado “problema de las drogas” es un fenómeno complejo y controvertido. Complejo porque intervienen diversos factores (biológicos, sociales, políticos, etc.) actuando simultáneamente; y controvertido, al soler tener los profesionales, gobiernos y los distintos sectores de la sociedad civil múltiples visiones, en muchas ocasiones antagónicas. A pesar de esto, y para fines prácticos, diremos que este “problema” ha sido planteado desde dos ángulos: desde la “salud” (vinculado con prevenir y atender los efectos negativos de su uso) y desde la “seguridad” (vinculado con el narcotráfico, la criminalidad y la violencia).
Ambas perspectivas conviven en la llamada “guerra contra las drogas”, donde grupos policiales y militares combaten contra el negocio del narcotráfico para “proteger la salud de la población” y la seguridad de las naciones. Esta respuesta punitiva ha recibido múltiples críticas que se acumulan año tras año.
Enfocado el “problema de las drogas” desde el ángulo de la salud, el ámbito académico y científico ha elaborado diversas propuestas teóricas y metodológicas. Un buen resumen de estos se encuentra en el artículo publicado por Apud y Romaní (2016). En este, los autores sostienen que pueden diferenciarse al menos 3 modelos para el estudio de las drogodependencias:
1. El modelo biomédico, centrado en los aspectos biológicos de las adicciones, como la neuroplasticidad y la predisposición genética.
2. El modelo biopsicosocial, el cual complejiza el modelo anterior al incluir variables ambientales y contextuales, aunque siempre desde metodologías de las ciencias naturales.
3. El modelo sociocultural, a partir de entender el uso de drogas insertas en prácticas sociales y culturales más amplias.
Por otra parte, aquellos años oscuros de la dictadura nos dejaron el germen del ingreso y egreso de drogas, posicionándonos como país de tránsito predilecto, haciéndonos conocer mafias cada año más poderosas desde el retorno a la democracia.
Los principales movimientos de activismo por los derechos humanos, como así también las estadísticas oficiales nos demuestran que incluso luego del pronunciamiento del fallo Arriola (última vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó postura por la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia de drogas para consumo personal) las detenciones por tenencia de pequeñas cantidades de estupefacientes siguen siendo el principal motivo de saturación de comisarías, y oficinas judiciales, colapsando continuamente el sistema de justicia, ocupando recursos valiosos en la lucha que debe encararse contra fenómenos delictuales más complejos.
La guerra contra las drogas ha fracasado en todos sus niveles a nivel internacional y local y sólo ha potenciado los efectos dañinos que la prohibición de sustancias provoca en las comunidades.
Esos efectos incluyen la creación de un mercado clandestino que satisface crecientemente mayores demandas, la proliferación de sustancias psicoactivas cada vez más adulteradas destinadas a los sectores más vulnerables, la corrupción e ingreso de las agencias estatales en este negocio multimillonario, el lavado de activos financieros que distorsiona las economías locales, la mayor militarización de las policías con mayor agresividad legitimada y un distanciamiento social cada vez más acentuado que genera grietas continuas.
En definitiva, la guerra contra las drogas sólo ha traído miles y miles de muertes a diario, convirtiéndose en un gigante clandestino e hipócritamente protegido por quienes deben protegernos a nosotros e invitándonos nuevamente, en una fecha como el 24 de Marzo, a tener memoria y animarnos a pensar en soluciones más pacíficas para resolver esta complejidad.
Derechos Humanos y Libertad Cognitiva.
La Libertad Cognitiva, o el “derecho a la autodeterminación mental”, es el derecho y libertad que tiene el individuo a controlar sus propios procesos cognitivos y conciencia.
Se viene argumentado que es tanto una extensión como el principio subyacente de la libertad de pensamiento. Aunque es un concepto definido relativamente reciente, está siendo aducido de forma creciente como consecuencia de los avances tecnológicos en neurociencias, que permiten y permitirán cada vez mayores posibilidades de influir directamente en la conciencia y los procesos cognitivos. También aplica para el uso de sustancias psicoactivas.
En el año 2009, el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afirmó que "no se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea".
Aunque no ha sido todavía incluida en ninguna legislación internacional de protección de los derechos humanos, la Libertad Cognitiva viene obteniendo gran nivel de reconocimiento, considerándosela el principio sobre el que se basan otros derechos.
Psicodélicos, exploración, transformación y libertad.
En el extracto de uno de los capítulos de “Un libro Sobre Drogas” de El Gato y La Caja, explica que los psicodélicos tienen la capacidad de transformar el cerebro y, por lo tanto, la mente.
Entre todos ellos, la inducción de estados de conciencia ajenos al cotidiano brindan la posibilidad de sumergirnos en un mar de emociones y vivencias que muchos caracterizan como místicas.
La simple capacidad de poder transitar a voluntad y de manera controlada estados mentales transformadores en personas sin ningún tipo de problemas de salud mental (como esquizofrenia, ansiedad o depresión) debería ampliar nuestra mirada sobre los psicodélicos, cuyo espectro de acción va mucho más allá del uso recreativo que usualmente la sociedad conoce, o debería al menos permitirnos redefinir la palabra “recreativo” para que también contenga esas potenciales experiencias transformadoras.
En Argentina y en gran parte de los países de la región, los estudios sobre los efectos de las drogas en los humanos (y acá nos referimos a todas las drogas, no sólo a las psicoactivas) son prácticamente imposibles de llevar a cabo por cuestiones legales; no se pueden realizar a no ser que su objetivo final sea paliar dolor o sufrimiento.
Algunos avances se han hecho, sin embargo, en los últimos años. La Ley Nº 26.657, de 2010, más conocida como “Ley Nacional de Salud Mental” (LNSM), por ejemplo, establece una definición de salud mental más amplia y razonable que la simple ausencia de dolor. El sistema de salud mental fue, hasta 2010, delimitado por las patologías que se atendían; por eso, su centro organizador era el hospital neuropsiquiátrico o manicomio.
En la actualidad, la definición legal de la salud mental es más amplia. Además incorpora nuevos elementos, donde se considera que la salud no es sólo la ausencia de una patología, sino la posibilidad de tener un desarrollo humano pleno al integrar derechos económicos, sociales y culturales.